Los muertos de una “guerra” que ya no es

Gran Angular | Raúl Rodríguez Cortés

Los muertos de una “guerra” que ya no es

Viernes 14 de enero de 2011

En los 13 días que lleva el año han asesinado a tres presidentes municipales: el de Zaragoza, Coahuila, Saúl Vara Rivera; el de Teomac, Morelos, Cupertino García García; y el de Santiago Amoltepec, Oaxaca, Luis Jiménez Mata.

Estos crímenes —sean cuales sean sus móvles— se inscriben inevitablemente en el alarmante clima de violencia que ha escalado durante los últimos cuatro años en la guerra emprendida por Felipe Calderón contra la delincuencia organizada. Porque como guerra la vendió desde que al tomar posesión en diciembre de 2006 anunció su primer operativo, el de Michoacán, aunque ahora evidencie desmemoria al negar que haya usado ese término. Pero sí lo ha usado en diversos momentos y eso es documentable: el 5 de diciembre de 2006 le dijo a empresarios españoles que trabajaría “para ganar la guerra a la delincuencia”; el 20 de diciembre de 2007 en la Secretaría de Marina se refirió a “la guerra que mi gobierno encabeza contra la inseguridad” o el 12 de septiember de 2008, pero esta vez en el Colegio Militar, se refirió a “esta guerra contra la delincuencia”.

De manera que dejar de utilizar el término “guerra” y decir que nunca lo ha utilizado, bien podría ser una manera velada de reconocer la falla de la estrategia. Y aquí hemos comentado que el problema no se extirpará sólo a balazos y que el descuido al atacar sus causas sociales habla de una estrategia equivocada. No está uno contra la decisión de hacer valer la ley y enfrentar a los criminales, sino contra la manera poco efectiva y con un gran saldo en muertes en que se optó para hacerlo.

Las cifras son aterradoras y el gobierno mismo les dio el miércoles carácter oficial: 34 mil 612 muertes relacionadas con la guerra a la delincuencia del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2010.

De ese gran total, explica la oficina de Alejandro Poiré, vocero del gabinete de Seguridad Nacional, 30 mil 913 (89.3%) fueron “ejecuciones”. Sí, utilizan un término propio de las sanciones previstas por la justicia militar, para hacer notar que se trata de muertes producto de venganzas o enfrentamiento entre bandas delincuenciales rivales o de refriegas armadas entre éstas y policías o militares. Luego entonces, y por lo menos, las 3 mil 699 muertes restantes corresponderían a muertes de efectivos policiacos y militares así como de víctimas civiles inocentes que insensiblmente llaman “daños colaterales”.

Ahora que la escalada la mide el hecho de que del total de muertes, 15 mil 272 ocurrieron el año pasado. De manera que la guerra de Calderón dejó, durante 2010, mil 273 muertos al mes o 294 a la semana o 42 cada día.

Instantáneas

1. OAXACA. El caso del asesinato del alcalde de Santiago Amoltepec, Oaxaca, Luis Jiménez Mata, ocurrido ayer en la capital del estado, no sólo se inscribe en el contexto de la violencia nacional sino también en el creciente clima de crispación que se vive en la entidad y que el gobierno aliancista de Gabino Cué lejos de contener ha atizado. Baste señalar que por lo menos 20 municipios —casi todos regidos por usos y costumbre— están tomados por pueblos que no aceptan que las autoridades por ellos electas no sean reconocidos por el gobierno local y se les obligue a reconocer a administradores municipales nombrados por el Congreso del estado.

Un caso emblemático es el del municipio serrano de Santiago Yaveo, donde cuatro funcionarios del gobierno de Cué, entre ellos el director de gobierno, Javier Jiménez Herrera, permanecen retenidos por el pueblo desde hace 13 días, hasta que reconozcan a su presidente municipal elegido por usos y costumbre, Rafael Martinez Martínez.

Nada parece hacer el gobierno de Oaxaca frente a esta crisis de rehenes, y el Congreso local, que designó a los administradores municipales, apenas empezó a moverse con una comisión que viajó al lugar encabezada por el flamante diputado Flavio Sosa, ex dirigente de la APPO. Y ahora resulta que uno de los principales responsables de reprimir aquel movimiento de 2005-2006, el diputado federal Jorge Franco, ex secretario de gobierno de Ulises Ruiz, ex presidente del PRI local y ex aspirante a gobernador, es el que opera para Gabino Cué la solución de los municipios inconformes. Algo así como la Iglesia católica en manos de Lutero.

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