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Rafael Alvarez Díaz*
Ley de Sociedades de Convivencia: derechos para todos
Nuevamente llegó la discusión a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre una iniciativa de ley de sociedades de convivencia que después de remontar múltiples obstáculos, presiones, resistencias y el activismo político de la jerarquía católica y otros sectores de la derecha, insiste en caminar hacia el reconocimiento de todos los derechos para todos. Esta frase, adoptada como lema de la conferencia de Viena convocada por la ONU en 1993, es fácilmente aceptada en la mayoría de las sociedades democráticas; sin embargo, en nuestro país las decisiones políticas y jurídicas encaminadas a ponerla en práctica son rechazadas y hasta atacadas ferozmente por las elites que por ignorancia o conveniencia las consideran una amenaza y las combaten con más vehemencia, prejuicios y calificativos que argumentos.
Más allá del legítimo interés de la comunidad homosexual y de la diversidad sexual mexicana por fortalecer, defender y hacer efectivos sus derechos, se trata de una ley que hace avanzar a toda la sociedad en la lucha contra la inequidad, la discriminación y la estigmatización motivadas por visiones autoritarias, homófobas y excluyentes; asimismo, favorece el respeto y la coexistencia civilizada entre todos los ciudadanos, independientemente de sus estilos de vida, elecciones y decisiones personales acerca de su intimidad. Esta ley es todavía más necesaria en un contexto de democracia formal en el que de hecho prevalece la negación de derechos básicos para importantes sectores de la nación y se siguen observando crímenes de odio por homofobia que permanecen en la impunidad.
Por otra parte, a pesar de la existencia de un Estado laico, basado en la igualdad entre ciudadanos, quienes se resisten a aceptar esta ley intentan privilegiar y hasta sacralizar ciertos estilos de vida, mientras desconocen y condenan otras formas de convivencia, tan legítimas y respetables como las primeras.
Las leyes generalmente se encuentran varios pasos atrás de los cambios en la vida cotidiana de las sociedades y se modifican más lentamente. En nuestro país los legisladores desde hace años han ignorado la existencia de una gran vitalidad y variedad de maneras de vivir y de convivir: a solas, en pareja o sin ella, prescindiendo de lazos consanguíneos o a pesar de ellos; la búsqueda de formas de cómo y con quién o quiénes organizar la intimidad es rica, múltiple, impredecible e interminable, y las personas que han elegido estas variadas maneras de convivencia en sociedad tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos; por eso es vergonzoso que se les pretenda regatear el reconocimiento de sus garantías. Cuando digo que estas formas de vida se han ignorado me refiero a las dos acepciones del término: se han desconocido y no se les ha prestado la atención que merecen.
Legislar para que los nuevos requerimientos y preocupaciones de una sociedad viva, que evoluciona, se reflejen en la ley y se establezcan los derechos de quienes se asocian de muy distintas formas para convivir cotidianamente es un reto que pone a prueba la calidad de la democracia con que contamos en estos momentos; tanto los poderes formales como los de facto una vez más se encuentran en tensión ante un dilema ético y a la vez político: la necesidad y la posibilidad de reconocer una realidad presente desde hace mucho tiempo y la oportunidad de avanzar para que un día se hagan valer todos los derechos para todos, sin importar su estilo de vida y otras diferencias que respecto de la igualdad de los ciudadanos ante la ley deberían ser irrelevantes.
La manera como se resuelva este desafío nos mostrará una imagen de la sociedad que realmente somos.
*Defensor de derechos humanos
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